ACCIDENTES DE TRÁFICO

CÓMO PROCEDER ANTE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO TRAS LA
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

(Debido a las dudas que plantean muchos clientes, he optado por realizar un breve
resumen con el fin de poder ayudar a quien se encuentre en la tediosa situación de
haber recibido un alcance, y no tener claro como proceder).
Con la entrada en vigor de la LO 1/2015, de 30 de marzo, que
Reforma del Código Penal, han quedado despenalizadas las faltas, por consiguiente, la reclamación de responsabilidad civil derivada de las
lesiones causadas en accidentes de tráfico se tramitan en vía civil.
¿Esto que quiere decir?, pues, que anteriormente a la reforma, ante
una posible responsabilidad civil que reclamaba la víctima derivada de sus
lesiones, acudíamos a la vía penal, y tras la valoración del médico forense
del Juzgado, éste emitía de manera gratuita e imparcial un informe que
reflejaba cuanto podíamos reclamar, interponiendo la correspondiente
denuncia y celebrando juicio de faltas, o llegando a un acuerdo con la
compañía culpable.
Al derivarse esta materia a la vía civil tras la reforma, el trámite ha
cambiado. En principio, tal y como se hacía anteriormente, el lesionado
deberá optar por un lado, a la designación de abogado particular, o bien, ser asistido por el abogado de su propia compañía. De cara a valorar esta decisión, es necesario resolver la siguiente pregunta, suscitada por la
víctima: – ¿Al abogado particular quien le paga? – En la póliza de seguros
aparece un apartado en el que muestra la cantidad máxima por asistencia jurídica particular, en la mayoría de ocasiones esta cuantía es suficiente para cubrir los honorarios del abogado particular. Otro punto a valorar sería la cuestión de la confianza; cuestión en la que se basa la relación abogado cliente, está claro que la mayor parte de la gente se siente mas arropada y defensa de sus intereses, por su abogado particular, que por el designado por la compañía. Una vez el cliente decida la asignación por abogado particular, se envía la correspondiente designación a su compañía aseguradora, y su abogado irá informándole de los distinto pasos a seguir en cada momento.
Respecto a los daños materiales, es mas sencillo, ya que las compañías actúan por convenio para la reparación del vehículo, por lo que
no hemos de preocuparnos si la otra compañía reconoce la culpa. El único
inconveniente que pudiera surgir, sería que ésta no reconociera la culpa de su asegurado, por lo que, si existe informe de atestado, debemos solicitarlo (previo pago a la Administración) o intentar que lo solicite la compañía contraria, que en tal caso nos resultaría gratuito. Si no existiera informe de atestado, será el Juez, ante la falta de acuerdo por las partes, el que resuelva el conflicto.
Es aquí donde comenzaban los problemas para el lesionado, el
informe que realizaba el médico forense del Juzgado, a día de hoy, es un informe pericial, que será la propia víctima quien tendrá que contratar un perito de valoración del daño corporal para que realice un informe pericial
que valore el alcance de sus lesiones y así poder cuantificarlas. Esto se
traduce en que, el lesionado debe pagar al profesional al que encargue el informe, desembolso que oscila entre 150 € y 250 €. Obviamente, se acude al medico de valoración de daños tras recibir el alta médico y haber terminado con las sesiones de rehabilitación.
Por otro lado este informe será de parte, es decir, que a pesar de que
se supone que es imparcial, queda en entredicho que el Juez le dé el mismo
carácter de imparcialidad que al del médico forense del juzgado.
Si tenemos en cuenta que muchos acuerdos se alcanzaban basándose
en el informe del médico forense del juzgado, ahora dichos acuerdos se
complican, ya que cada uno podrá aportar una pericial de valoración de
daños al procedimiento. En el caso de no llegar a un acuerdo, el lesionado
tendrá inevitablemente que acudir a la celebración del juicio.
Otro problema importante, el tiempo de tramitación, ya que si
hablamos de cuantías superiores a 6.000 €, se tramitaría por juicio
ordinario, por lo que puede retrasarse bastante la celebración del juicio, en
algunos casos incluso 2 y 3 años.
Por suerte el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la realización de pericias por parte de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses a petición de particulares en casos de
reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de
vehículos a motor, este RD, entrará en vigor el 1 de enero de 2016, pero
solo se aplicará a los accidentes de tráfico que tengan lugar a partir de esa fecha. Esta medida, supone la incorporación de un nuevo mecanismo al servicio del ciudadano para garantizar a los particulares un servicio pericial independiente que facilite la resolución extrajudicial. El precio público que se fije como contraprestación de la pericia, será a cargo de la entidad aseguradora y, por tanto, gratuito para el perjudicado.